ODEBRECHT: CORRUPCIÓN QUE ENVUELVE POLÍTICOS Y EMPRESARIOS EN REPÚBLICA DOMINICANA Odebrecht se ha convertido en la empresa de construcción más conocida del continente americano y cuidado si del mundo, pero no precisamente por la calidad con que construye, sino, por la red de corrupción e impunidad que logró montar en 12 países. El escándalo se hizo público cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dio a conocer el 21 de diciembre de 2016 una investigación en la que indicaba como la constructora brasileña otorgaba coimas y sobornos a funcionarios de 12 países, con el objetivo de adjudicarse las contrataciones públicas que se realizaban. Los países confirmados son: Angola, Mozambique, Colombia, México, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador y el mismo Estados Unidos). Como era de esperarse la República Dominicana no estaba exenta de este escándalo que apenas estaba en pañales. Procuraduría General de la República Dándose a conocer la información del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los sobornos dado en 12 países y la confesión de la empresa que había otorgado 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios de República Dominicana desde el 2001 hasta el 2016, el procurador general Jean Alain Rodriguez inició una investigación, solicitando a todas las instituciones del estado dominicano involucradas con la constructora a entregar los contratos que se habían llevado a cabo durante más de una década. En enero de 2017 iniciaron los interrogatorios y los allanamientos del Ministerio Público en las oficinas principales de Odebrecht en el país ubicadas en la avenida Pedro Henríquez Ureña, del Distrito Nacional. Publicando la Procuraduría en ese momento en twitter “PGR confirma allanamiento con autorización judicial a las oficinas de Odebrecht en República Dominicana. Más detalles en lo adelante...”. En el allanamiento el Ministerio Público se llevó para investigar alrededor de 25 cajas de documentos, además de equipos electrónicas para ser depurados. El 20 de febrero el procurador da una conferencia de prensa, donde informa que el país va obtener las informaciones de la investigación llevada en Brasil primero que otros países, producto de un acuerdo llevado con la justicia de brasileña. Durante los meses enero-marzo fueron entrevistadas o interrogadas más de 25 personas que incluía: políticos, empresarios, funcionarios, banqueros y más. En esa etapa la población dominicana tenía la percepción de que nada iba suceder, por lo que entendían era un puro show mediático. El 27 de febrero el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, dijo en su rendición de cuentas que no existían vacas sagradas en su gobierno y que no iban existir mientras el fuera el presidente. Días después el expresidente, Hipólito Mejía, se dirigió a la población desvinculándose de la corrupción de más de una década llevada a cabo por Odebrecht. Dijo que no tenía nada que ocultar sobre su desempeño como presidente de la república. El 17 de mayo empezó el revuelo, debido a que llegaron los documentos de Brasil. En esos días se especulaba en todo el país sobre una supuesta lista de los involucrados en los sobornos. Llegó la hora de la verdad, el lunes 29 de mayo empezaron los apresamientos de los supuestos sobornados por Odebrecht siendo detenidos: Ángel Rondón, Andrés Bautista, Temístocles Montás, Radhamés Segura, Ruddy González, Víctor Díaz Rúa, César Sánchez, Conrado Pittaluga y Roberto Rodríguez. No pudieron ser detenidos los senadores: Julio Cesar Valentín, Tommy Galán y el diputado opositor Alfredo Pacheco, debido a la inmunidad parlamentaria. El juez asignado para conocer las medidas de coerción fue Francisco Ortega Polanco, iniciando el proceso el 31 de mayo y culminando con la sentencia el 7 de junio, dictando lo siguiente: un año de prisión preventiva para Ángel Rondón, nueve meses de prisión para Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga, seis meses para Temístocleds Montás, Ruddy González y Andrés Bautista. Por otro lado a César Sánchez y Máximo D´Oleo tres meses, en tanto que a Radhamés Segura y Roberto Rodríguez nueve meses de prisión domiciliaria; para los legisladores Tommy Galán, Julio César Valentín y Alfredo Pacheco se solicitó una garantía económica de cinco millones de pesos e impedimento de salida. El caso fue declarado completo y al Ministerio Público se le otorgó un plazo de ocho meses para profundizar en la investigación de los sobornos. La reacción no se hizo esperar y el empresario Ángel Rondón declaró que ahora era que empezaba el pleito, porque tenía un año en la costilla.



Por Leandro Ortiz
Periodista.
Odebrecht se ha convertido en la empresa de construcción más conocida del continente americano y cuidado si del mundo, pero no precisamente por la calidad con que construye, sino, por la red de corrupción e impunidad que logró montar en 12 países.

El escándalo se hizo público cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dio a conocer el 21 de diciembre de 2016 una investigación en la que indicaba como la constructora brasileña otorgaba coimas y sobornos a funcionarios de 12 países, con el objetivo de adjudicarse las contrataciones públicas que se realizaban.

Los países confirmados son: Angola, Mozambique, Colombia, México, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador y el mismo Estados Unidos). Como era de esperarse la República Dominicana no estaba exenta de este escándalo que apenas estaba en pañales.

Procuraduría General de la República
Dándose a conocer la información del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los sobornos dado en 12 países y la confesión de la empresa que había otorgado 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios de República Dominicana desde el 2001 hasta el 2016, el procurador general Jean Alain Rodriguez inició una investigación, solicitando a todas las instituciones del estado dominicano involucradas con la constructora a entregar los contratos que se habían llevado a cabo durante más de una década.

En enero de 2017 iniciaron los interrogatorios y los allanamientos del Ministerio Público en las oficinas principales de Odebrecht en el país ubicadas en la avenida Pedro Henríquez Ureña, del Distrito Nacional. Publicando la Procuraduría
en ese momento en twitter “PGR confirma allanamiento con autorización judicial a las oficinas de Odebrecht en República Dominicana. Más detalles en lo adelante...”.


En el allanamiento el Ministerio Público se llevó para investigar alrededor de 25 cajas de documentos, además de equipos electrónicas para ser depurados.

El 20 de febrero el procurador da una conferencia de prensa, donde informa que el país va obtener las informaciones de la investigación llevada en Brasil primero que otros países, producto de un acuerdo llevado con la justicia de brasileña.

Durante los meses enero-marzo fueron entrevistadas o interrogadas más de 25 personas que incluía: políticos, empresarios, funcionarios, banqueros y más. En esa etapa la población dominicana tenía la percepción de que nada iba suceder, por lo que entendían era un puro show mediático.

El 27 de febrero el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, dijo en su rendición de cuentas que no existían vacas sagradas en su gobierno y que no iban existir mientras el fuera el presidente.

Días después el expresidente, Hipólito Mejía, se dirigió a la población desvinculándose de la corrupción de más de una década llevada a cabo por Odebrecht. Dijo que no tenía nada que ocultar sobre su desempeño como presidente de la república.
El 17 de mayo empezó el revuelo, debido a que llegaron los documentos de Brasil. En esos días se especulaba en todo el país sobre una supuesta lista de los involucrados en los sobornos.

Llegó la hora de la verdad, el lunes 29 de mayo empezaron los apresamientos de los supuestos sobornados por Odebrecht siendo detenidos: Ángel Rondón, Andrés
Bautista, Temístocles Montás, Radhamés Segura, Ruddy González, Víctor Díaz Rúa, César Sánchez, Conrado Pittaluga y Roberto Rodríguez.

No pudieron ser detenidos los senadores: Julio Cesar Valentín, Tommy Galán y el diputado opositor Alfredo Pacheco, debido a la inmunidad parlamentaria.

El juez asignado para conocer las medidas de coerción fue Francisco Ortega Polanco, iniciando el proceso el 31 de mayo y culminando con la sentencia el 7 de junio, dictando lo siguiente: un año de prisión preventiva para Ángel Rondón, nueve meses de prisión para Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga, seis meses para Temístocleds Montás, Ruddy González y Andrés Bautista.

Por otro lado a César Sánchez y Máximo D´Oleo tres meses, en tanto que a Radhamés Segura y Roberto Rodríguez nueve meses de prisión domiciliaria; para los legisladores Tommy Galán, Julio César Valentín y Alfredo Pacheco se solicitó una garantía económica de cinco millones de pesos e impedimento de salida.

El caso fue declarado completo y al Ministerio Público se le otorgó un plazo de ocho meses para profundizar en la investigación de los sobornos. La reacción no se hizo esperar y el empresario Ángel Rondón declaró que ahora era que empezaba el pleito, porque tenía un año en la costilla.

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