La imparcialidad objetiva del Juez


El derecho a un juez imparcial se configura como una garantía mínima propia del derecho al debido proceso, lo cual se reconoce textualmente en el artículo 69.2 de la Carta Magna, a saber: “Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: [...] 2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley”.

El derecho a la exigencia de la imparcialidad del juez es considerada como parte esencial de un debido proceso en el cual se reconozca dicha garantía fundamental para la aplicación de una correcta administración de justicia en un Estado de derecho.[1] 

Se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley, garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial.[2]

El Tribunal Constitucional español a través de sus sentencias STC 27/198111 y STC 11/200012 entre otras, ha fijado el precedente de distinguir, en cuanto a la imparcialidad judicial como garantía esencial de la función jurisdiccional, la imparcialidad subjetiva e imparcialidad objetiva, siendo la primera la que exige al juez considerar asuntos que le sean ajenos, en los que no tenga interés de clase alguna, y la segunda, la necesidad de que el juez se asegure de un eventual contacto anterior del juez con el tema dicidendi, es “evitar que influya en el juicio o en la resolución del recurso la convicción previa que un juez se haya formado sobre el fondo del asunto al decidir en anterior instancia, o incluso, al realizar actos de investigación”.[3]

Además, agregó que tales convicciones previas podrían poner en riesgo el derecho del justiciable a obtener, tanto en el juicio como en el recurso, una justicia imparcial.

En lo atinente a la dimensión objetiva de la imparcialidad, que es el tema del presente artículo, cabe agregar que con ella no se cuestiona la probidad moral del juzgador, sino que se atiende a la circunstancia natural de que el contacto previo con el proceso produce una afectación de juicio que bien pudiese comprometer su neutralidad de cara a una nueva instrucción.

En este sentido, resulta preciso reiterar que la dimensión objetiva de la imparcialidad requiere que el juez responsable de una causa no haya tenido una intervención anterior en la misma, toda vez que ello desnaturaliza la configuración legislativa de los procesos bajo etapas distintas y controles sucesivos diversos. En otras palabras, la imparcialidad objetiva exige que se brinden los resguardos necesarios para que desde una perspectiva funcional y orgánica se excluya cualquier duda razonable al respecto.


Conforme a lo antes señalado, tanto el constitucionalista a través de la Carta Magna, la ley, las convenciones y tratados internacionales que reconocen las garantías de los derechos fundamentales, ha dejado claramente establecido la necesidad de un juez competente, independiente e imparcial a la hora de conocer una litis y deliberar su fallo en las instancias judiciales ordinarias; y con ello, al ser desconocida la necesidad de la imparcialidad del juez en un proceso jurisdiccional se está vulnerando la garantía fundamental de la tutela judicial efectiva del debido proceso, establecido en el artículo 69.2 de la Constitución dominicana, y por consiguiente la correcta administración de justicia en un Estado de derecho.


En conclusión, este derecho, a un juez imparcial, a grandes rasgos implica que el administrador de justicia no debe estar viciado por situaciones que comprometan su neutralidad u objetividad, o que generen un temor razonable sobre un eventual tratamiento desigual con inclinación hacia una de las pretensiones o partes relativas al proceso. Se trata de asegurar a las partes un juzgamiento libre de motivos que funden dudas respecto al tratamiento igualitario de las partes, así como a todo condicionamiento a afectos, intereses, lazos o juicios previos que puedan proyectarse en la deliberación de justicia.


Por: Lic. ROMEO TRUJILLO ARIAS

Abogado / Catedrático Universitario

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